El Consejo de Ministros extraordinario celebrado recientemente ha comunicado la tramitación urgente de la subida de las pensiones para el próximo ejercicio, situándola en un porcentaje estimado de entre el tres y el cuatro por ciento. Sin embargo, esta puesta en escena responde a una estrategia del Ejecutivo para apropiarse de un derecho que ya está blindado por ley, intentando hacer creer a los ciudadanos que los pensionistas dependen de su generosidad. En realidad, el porcentaje definitivo de incremento no se conocerá hasta mediados de diciembre, fecha en la cual el Instituto Nacional de Estadística certifique la subida de la inflación correspondiente a noviembre, el indicador real que fija las cuantías anuales. Por tanto, tramitar esta medida de urgencia cuando el dato definitivo se obtendrá en pocas semanas carece de sentido práctico y legal, evidenciando que no existe tal urgencia. Desde esta perspectiva, la utilización de un órgano institucional como el Consejo de Ministros para realizar un anuncio de estas características se interpreta como una manipulación grosera y una instrumentalización de los pensionistas con claros fines partidistas. Presentar un trámite reglado y automático como si fuera una gracia del Gobierno actual es una falacia que busca ocultar la realidad de un mecanismo legal ya establecido, pretendiendo quizás blindar un relato ante hipotéticos escenarios futuros que nada tienen que ver con la gestión real de las cuentas públicas. Fuente: OKDiario
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