La concesión de licencias urbanísticas en España tarda una media de 12 meses, quadruplicando el plazo legal de tres meses y alcanzando hasta los 24 meses en algunas localidades. Cada año de retraso administrativo encarece la vivienda en unos 13.000 euros, agravando el déficit de casi un millón de inmuebles estimado hasta 2028. Los Colegios de Arquitectos y promotores denuncian un exceso de exigencias burocráticas innecesarias y revisiones municipales que exceden las competencias de los ayuntamientos. La brecha digital frena la tramitación: las promotoras utilizan herramientas avanzadas mientras que los consistorios carecen de técnicos y siguen gestionando los expedientes de forma manual. El CSCAE señala que los consistorios piden revisiones y documentación que exceden sus competencias y duplican controles, lo que multiplica las solicitudes de corrección y alarga los plazos. Ya ocurrido: los retrasos incrementan los costes financieros y suponen sobrecostes que repercuten en el precio final; podría ocurrir: los promotores aplazarán inversiones en proyectos de márgenes ajustados y reducirá la oferta de vivienda. Asprima advierte que muchos municipios de tamaño medio no tienen suficientes técnicos ni medios administrativos, por lo que miles de promociones quedan pendientes hasta obtener la licencia. El sector indica que las promotoras han digitalizado proyectos, pero los ayuntamientos siguen revisando expedientes de forma manual, lo que crea un desfase que ralentiza la tramitación. El CSCAE propone reducir exigencias innecesarias, simplificar procedimientos, mejorar coordinación interdepartamental y reforzar plantillas municipales antes de externalizar funciones. La construcción de viviendas en España atraviesa un momento complicado. La falta de mano de obra, el aumento de los costes y las dificultades para sacar adelante nuevos proyectos lastran al sector. Sin embargo, el verdadero obstáculo aparece mucho antes de colocar el primer ladrillo. La falta de técnicos municipales y el exceso de papeleo mantienen atascadas las licencias urbanísticas que retrasan la puesta en marcha de nuevos proyectos. Un cuello de botella que agrava la crisis de acceso a la vivienda en un momento en el que España necesita construir más que nunca. Según el Banco de España, el país acumula un déficit de unas 750.000 viviendas entre 2021 y 2025, una cifra que podría acercarse al millón al cierre de 2028 si la construcción sigue sin responder al ritmo de crecimiento de la demanda residencial. El problema está en que las administraciones municipales no cuentan con suficientes profesionales para tramitar todos los expedientes solicitados pero, al mismo tiempo, exigen una cantidad de documentos que en muchos casos resultan innecesarios. Así lo denuncia Elena Guijarro, directiva y tesorera del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), quien advierte de las dificultades que esta situación genera para sacar adelante nuevas promociones. Un atasco administrativo que se traduce en esperas que superan con creces los plazos previstos. Y es que el plazo legal de referencia para conceder una licencia de obra es de tres meses, pero la media en España alcanza los 12. Es decir, cuatro veces más. Una situación que se vuelve todavía más complicada en determinados municipios. Según la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima), conseguir una licencia de obra en la capital tarda entre 12 y 14 meses de media. Una tardanza que puede alcanzar incluso los 24 meses en algunas localidades, tal y como advierte la Confederación Nacional de la Construcción (CNC). Sin embargo, este retraso también tiene un precio. Según estimaciones del CSCAE, cada año de demora supone un sobrecoste de unos 13.000 euros por vivienda. Una factura que acaba repercutiendo en el precio final que pagan las familias.
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