La protección frente a la discriminación por enfermedad o condición de salud está garantizada por los artículos 2.1 y 2.3 de la Ley 15/2022. Esta protección es autónoma y no requiere que la dolencia sea prolongada o equiparable a una discapacidad. El artículo 26 establece la nulidad de los actos discriminatorios, en conexión con los artículos 53.4 y 55.5 del Estatuto de los Trabajadores. La prueba es crucial en estos casos, y es recomendable aportar documentación como la carta de despido, comunicaciones sobre la baja y antecedentes laborales. La proximidad temporal, presiones para reincorporarse o explicaciones inconsistentes pueden ser indicios de discriminación. La STS 306/2018 declaró improcedente un despido durante una baja por trastorno depresivo al no apreciar discapacidad. Sin embargo, la STS 94/2025 dejó firme una nulidad en un caso de enfermedad equiparable a discapacidad y ausencia de ajustes razonables. La clave está en la conexión entre la enfermedad y el cese, y en la evidencia que respalda esta conexión. La baja médica protege, pero no reemplaza el análisis individual de cada caso.
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