En las horas previas al arranque oficial de la campaña electoral, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil tomó varias medidas judiciales y movimientos que apuntan hacia el Ejecutivo y el PSOE. El Gobierno, visiblemente molesto, ha pedido 'prudencia' y 'imparcialidad' de la Justicia, recordando la 'norma no escrita' que evitaba resoluciones de impacto político durante periodos electorales. El jueves 12 de noviembre, la UCO acudió al Tribunal de Cuentas por orden del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, por la causa sobre la presunta financiación ilegal del PSOE. También se personó en el Tribunal de Cuentas y en el Ministerio de Igualdad para pedir información sobre un supuesto fraude de fondos europeos en la contratación de las pulseras antimaltrato. Además, trascendió un informe de la UCO en el que el empresario Cristian Corvillo alardeó de mantener una reunión privada con el presidente del Gobierno el 20 de abril de 2023 en Córdoba. La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha negado esta reunión, afirmando que el presidente del Gobierno no tiene nada que ver con esas personas. La jueza María Tardón de la Audiencia Nacional también imputó a Miguel Ángel Pérez Triano, exdelegado del Gobierno en Ceuta, por la entrada masiva de migrantes en la ciudad autónoma.
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