La inversión en transición energética ha alcanzado un nuevo récord, con 2,3 billones de dólares en 2025, un aumento del 8% con respecto al año anterior. Sin embargo, esta inversión no se distribuye de manera equitativa. Un 67% del dinero público destinado a la financiación climática se entrega en forma de préstamos, lo que perpetúa una desigualdad intolerable. Las economías en desarrollo, que son las que más lo necesitan, enfrentan los mayores costos y reciben la ayuda principalmente en forma de préstamos. Este enfoque contradictorio no resuelve el problema fundamental: los países más vulnerables al cambio climático, que han contribuido poco a generarlo, siguen siendo los más afectados. La COP31 debe abordar esta desigualdad y explicar cómo se cerrará la brecha para alcanzar el objetivo de 300.000 millones de dólares anuales para 2035. La responsabilidad política es garantizar que la ayuda no solo se anuncie, sino que también se entregue en condiciones justas y asequibles para los países receptores.
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