El Gobierno de las Islas Baleares ha decidido recurrir al Tribunal Supremo contra el real decreto que regula la distribución de 180 millones de euros adicionales para políticas de acceso a la vivienda en zonas tensionadas. Este real decreto, aprobado por el Consejo de Ministros el 20 de octubre, establece que los fondos se repartirán únicamente entre cinco comunidades autónomas: Cataluña, País Vasco, Navarra, Galicia y Asturias. El Ejecutivo balear, que está en manos del PP, considera que la norma es discriminatoria ya que excluye a las comunidades sin áreas tensionadas. Además, argumentan que los fondos deberían distribuirse con criterios objetivos como los precios, el esfuerzo que la compra o el alquiler representa sobre los ingresos de las familias, la escasez de oferta o la presión demográfica. El portavoz del Ejecutivo balear, Antoni Costa, confirmó que la Abogacía de la Comunidad Autónoma recurrirá ante el alto tribunal la norma.
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