El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, enfrenta crecientes presiones para su dimisión debido a las cargas policiales ocurridas durante la huelga general del pasado día 11. Políticos de derechas, extrema izquierda y otros socios del Gobierno han pedido su renuncia. A pesar de su negativa a dimitir, ha comenzado una investigación sobre su actuación en el suceso. Además, ha limitado el uso de gases lacrimógenos por parte de las fuerzas del orden, lo que podría afectar su capacidad para proteger a los ciudadanos en futuras manifestaciones. La violencia en las protestas, aunque algunas parezcan pacíficas, ha generado dudas sobre la actuación de la policía y ha socavado la defensa de los ciudadanos pacíficos. La Asociación Valenciana de Agricultores y la Asociación Valenciana de Empresarios también han comenzado a expresar sus preocupaciones sobre las repercusiones de la huelga general.
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