Una red de espionaje ruso se extiende por Italia, reclutando a científicos, empresarios y militares para recopilar información sobre infraestructuras militares y la opinión pública. El 15 de febrero de 2022, nueve días antes de la invasión de Ucrania, la inteligencia estonia describía el trabajo de los centros del GRU, el servicio secreto militar ruso. Reclutan ciudadanos comunes para observar infraestructuras, comprar mapas y recopilar noticias. También marineros, para vigilar los puertos. La finalidad, según Tallinn, es preparar y sostener eventuales operaciones militares rusas fuera de los confines. Nicolò Fasola, docente de política exterior rusa en la Universidad de Bolonia, afirma que estas actividades se insertan en una competencia que 'va mucho más allá de los confines de Ucrania'. Y también por eso, explica a QN, Rusia está utilizando herramientas cada vez más agresivas incluso en países como Italia. La 15ª Dirección del GRU coordina estas redes. Los responsables seleccionan a los candidatos y les asignan tareas. A veces se encuentran en Rusia o en un tercer país. En caso de guerra, precisa el informe, pueden incluso preparar comunicaciones de radio alternativas. Los objetivos van desde instalaciones militares hasta la opinión pública. En Ucrania, desde 2014, habrían organizado atentados y depósitos clandestinos de armas. Mara Morini, experta en Rusia y el espacio postsoviético y docente de política de Europa del Este en la Universidad de Génova, recuerda que las redes de informantes son una práctica consolidada de los servicios rusos, reforzada durante la presidencia de Putin. La recopilación de información sobre infraestructuras, observa con QN, también puede servir para 'ver nuestra capacidad reactiva'. Morini también plantea una 'dirección común' más amplia, no limitada al Kremlin, evocando las sinergias entre Rusia e Irán y el posible papel de otros países, incluida China. Una hipótesis que aún está por demostrar, precisa, porque no todos los episodios pueden atribuirse directamente a Moscú y no hay pruebas de un coordinación entre los tres países en los casos italianos. En Milán, dos empresarios brianzoli, Pericle Santoro e Iginio Felice Carlomagno, se pusieron a disposición, según la Fiscalía, de interlocutores del FSB, otro servicio ruso. Debían mapear las cámaras de Milán y Roma, encontrar las 'zonas grises' no vigiladas y proponer la instalación de cámaras en los taxis. La acusación suponía que esa exploración podría favorecer sabotajes. El 28 de abril de 2026 fueron condenados en primera instancia a dos años y seis meses y dos años y dos meses. Excluida la agravante terrorista. La mayor parte de los proyectos quedó en papel. En los actos figura un experto en drones vigilado, unos dos mil euros en Bitcoin y un proyecto de viviendas para ciudadanos rusos en tránsito. En Génova, el objeto es en cambio un ferry, el Fantastic de la GNV. En 2025, pequeños ordenadores conectados a la red de a bordo podían adquirir datos y permitir accesos remotos. Tres marineros letones fueron arrestados. El 6 de octubre de 2026 uno fue condenado a cuatro años y cuatro meses por acceso abusivo agravado. Los mandantes y el motivo siguen siendo desconocidos. La dirección rusa no ha sido aún confirmada. En Roma, la investigación toca los aparatos del Estado. En julio de 2026, el ROS arrestó a dos ex agentes del AISI, Gavino Raoul Piras y Vincenzo Di Pasquale, acusados de espionaje para Rusia. Otros cinco investigados, entre ellos cuatro militares en servicio. Según la acusación, un presunto agente ruso con cobertura diplomática recibía información reservada a cambio de dinero. El gobierno expulsó a dos funcionarios militares de la embajada. Las responsabilidades están por determinarse. Es definitiva la condena a veinte años para Walter Biot, arrestado en 2021 mientras entregaba documentos militares a un funcionario ruso.
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