Las protestas son un derecho fundamental en una sociedad democrática, pero cuando se acompañan de actos violentos, los costes van más allá de los daños materiales inmediatos. Un reciente ejemplo de esto se vio en la jornada de huelga general del 11 de noviembre, donde más de cien personas fueron detenidas en distintas provincias. Además de las detenciones, se espera conocer el perjuicio económico que resulte de estos disturbios. En 2021, el Ayuntamiento de València cifró en 607 700 euros el coste de 518 contenedores quemados por actos vandálicos desde junio de 2019. En Cádiz, el Ayuntamiento valoró en 25 481 euros los daños por la quema de 26 contenedores y dos papeleras durante una jornada de la huelga del metal de junio de 2025. En Bilbao, dos días después, ardieron 38 contenedores en Deusto, rozando los 65 000 euros en daños a bienes públicos según el balance municipal. A ello se añaden cristales, persianas, cerraduras y mercancías. Para algunos comerciantes, abrir de nuevo significó llamar a un cerrajero de urgencia y asumir un gasto imprevisto antes incluso de vender. Es importante destacar que el derecho de reunión pacífica está protegido por la Constitución y la Ley Orgánica 9/1983, y que quienes se manifiestan pacíficamente conservan esa protección incluso cuando otros participantes cometen actos aislados de violencia. Fuente: The Conversation España
También lo cubren: Página Principal – The Conversation.
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