Sindicatos verticales en España

Fuente: El Español - Invertia · politica · nacional, España

Sindicatos verticales en España

El fracaso de la huelga general convocada esta semana pone de manifiesto la profunda desconexión existente entre unas élites sindicales anquilosadas y la realidad de un mercado laboral que camina por derroteros bien distintos a los dibujados en sus despachos por los mandarines del nuevo sindicalismo vertical. Estas convocaron una movilización de naturaleza política y cínica contra la oposición, hecho inédito, y en apoyo de las políticas gubernamentales cuyos perniciosos efectos socioeconómicos denuncian públicamente. Pero, más allá de la nula incidencia práctica de la huelga, el verdadero debate ha de centrarse en la arquitectura institucional que sostiene de manera artificial a un sindicalismo subvencionado, carente de arraigo genuino entre los trabajadores y blindado frente a cualquier responsabilidad derivada de sus actos. En España, el poder de estas organizaciones no emana de la voluntaria y libre aportación de sus representados. España tiene una de las tasas de afiliación sindical más bajas de la OCDE: entre el 12 y el 12,5 % de la fuerza laboral. Por añadidura, las centrales concentran el grueso de su afiliación en el sector público, mientras que en el privado la afiliación se sitúa entre el 9 y el 10 % de los trabajadores. Los sindicatos derivan su poder de un andamiaje de privilegios legales y transferencias públicas. A tenor de los datos proporcionados por el Instituto Juan de Mariana, el volumen de subvenciones públicas concedidas a las principales centrales sindicales —en concreto, a UGT, CCOO y sus organizaciones vinculadas— ha alcanzado cotas extraordinarias: ha superado los 511 millones de euros entre 2022 y octubre de 2026. A este sostenimiento presupuestario directo, es decir, financiado con el dinero de los contribuyentes, se suma el ingente coste del ejército de delegados y liberados sindicales: más de 320.000 representantes sindicales en el conjunto del tejido productivo y las administraciones públicas, de los cuales miles operan como liberados a tiempo completo. Monetizando el crédito horario acumulado y las horas detraídas de la actividad productiva real, el coste anual de esta representación para las empresas y el contribuyente se aproxima a los 1.900 millones de euros. Una carga que socava la competitividad empresarial y que opera como un impuesto invisible sobre la productividad. A ello hay que añadir el patrimonio inmobiliario histórico cedido gratuitamente por el Estado: centenares de edificios, oficinas y locales de titularidad pública puestos a disposición de estas estructuras sin que medie un canon de mercado que compense a los contribuyentes, consolidando una suerte de corporativismo de Estado incompatible con la neutralidad institucional. Los pisos y locales públicos «cedidos» a CCOO y UGT superan los 500. La anomalía española se agrava al constatar la inexistencia de una ley de huelga moderna y garantista. En ausencia de un marco legal claro que discipline los servicios mínimos, proteja de forma efectiva la libertad de trabajo de los disidentes y exija votaciones secretas, libres y mayoritarias previas a la paralización de la actividad, la huelga se convierte en un instrumento de coacción política ajeno al conflicto laboral estricto. Esta laguna normativa deja a las empresas y a los trabajadores a merced de los piquetes, que ignoran el pluralismo de los centros de trabajo y la libertad de los trabajadores. Para corregir esta profunda distorsión institucional, resulta imprescindible elaborar una ley de huelga, y el mejor precedente son las reformas realizadas por Margaret Thatcher en los años ochenta del siglo pasado. Aquellas transformaron y democratizaron de manera radical el panorama laboral del Reino Unido. Exigieron que las convocatorias de huelga estuvieran precedidas inexcusablemente por sufragios formales, secretos y supervisados de forma independiente, devolviendo la capacidad de decisión a las bases frente a la arbitrariedad de las cúpulas.

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