Vasectomía fallida: un caso de inseguridad jurídica

Fuente: La Voz de Galicia · juridica · Galicia, España

Vasectomía fallida: un caso de inseguridad jurídica

Hace unos días se hizo pública una sentencia que trataba del derecho de una pareja a ser indemnizada cuando se produce un embarazo no deseado tras una vasectomía fallida por falta de información médica. Un hombre se sometió a una vasectomía en un hospital público de Madrid. Posteriormente, su mujer se quedó embarazada porque se produjo una recanalización espontánea de los conductos deferentes (volvieron a permitir el paso de los espermatozoides). La pareja no había recibido información adecuada sobre este posible riesgo y reclamaron una indemnización de 70.000 euros. La Comunidad de Madrid indemnizaba solo al hombre con 6.000 euros y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) lo hacía con 12.000, dejando también a la mujer con cero euros. Y así llegaron hasta el Supremo (TS), que considera que la pareja estable del paciente también tiene derecho a reclamar una indemnización cuando la falta de información médica le ocasiona un perjuicio propio, en concreto, un daño autónomo individualizado y susceptible de indemnización. Al final recibieron 70.000 euros, 35.000 cada uno. Con esta sentencia como hilo de la crónica contesta Pablo G Vázquez en su calidad de jurista. ¿Al leer esta sentencia qué se le pasa por la cabeza? Pienso en el sentido común: una vasectomía no la decide un señor solo, la decide una pareja, y la que se queda embarazada es ella. Que haya hecho falta llegar al Tribunal Supremo para decir que la mujer sufre un daño propio dice mucho de cómo razona a veces la Administración. También me llaman la atención los números: la Comunidad de Madrid ofreció 6.000 euros al marido y nada a ella; el Tribunal Superior de Justicia subió la indemnización a 12.000; el Supremo fija 35.000 para cada uno, los 70.000 que pedían. Casi doce veces la primera oferta. Eso ya no es un matiz jurídico: es jugar a ver si el ciudadano se cansa. ¿Cuántos fallos tienen las diferentes administraciones y cuánto cuestan? Nadie lo sabe con exactitud, y eso ya es significativo porque no hay registro público. Hay piezas sueltas: El Defensor del Paciente recibió 14.986 denuncias en el 2025 (récord), 951 con fallecimiento. Madrid, 4.005; Galicia, 734. Son denuncias, no condenas. Solo la póliza de responsabilidad del Servicio Madrileño de Salud ronda los 14,7 millones. El caso típico es modesto: en un estudio sobre atención primaria en Madrid, la mediana es de 30.000 euros, prosperan menos de la mitad de las reclamaciones y resolver cada una de ellas lleva más de dos años. Lo relevante no es el dinero, reducido frente al presupuesto sanitario, sino que la mayoría de perjudicados no reclaman o se quedan por el camino. Si la pareja de esta sentencia no hubiese peleado hasta llegar al Supremo, la Administración no le habría resarcido. ¿Hay inseguridad jurídica? Sí y no. El sistema ha funcionado: la casación está para esto y desde ahora hay doctrina. Pero el camino es inasumible para casi todos: la Administración ni contestó al principio, resolvió en abril del 2023; el TSJ en julio del 2024, y el Supremo en octubre del 2026. Además, el TS admite muy pocos recursos. Más que inseguridad, hay una Administración que se comporta como un litigante privado. Sabe que por cada ciudadano que aguanta cuatro años, muchos aceptan lo que les dan. Lo veo a diario en lo tributario: el coste de equivocarse casi nunca lo paga quien se equivoca.

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