El Tribunal Supremo ha denegado las solicitudes de Vox e Iustitia Europa para ampliar la suspensión cautelar de determinados efectos electorales a los hijos mayores de edad de nacionalizados inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes. Este rechazo permite que estos hijos puedan participar en las elecciones generales del 29 de noviembre, siempre que cumplan los requisitos legales. La decisión se centra en la interpretación de la Ley 20/2022, de Memoria Democrática, y su impacto en el proceso electoral en marcha. La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha considerado que la ampliación de la suspensión podría comprometer la seguridad jurídica, afectar a terceros y perturbar el proceso electoral. La disposición adicional octava de la Ley contempla diferentes supuestos de opción a la nacionalidad española, y la controversia judicial se centra especialmente en la interpretación de este supuesto mediante la Instrucción de 25 de octubre de 2022. La ampliación cautelar examinada por el TS se refiere al colectivo del anexo III de la Instrucción de 2022, mientras que los descendientes vinculados al régimen de la Ley 52/2007 figuran en el anexo IV y quedan al margen de esta solicitud. La mayoría de la Sala aprecia circunstancias sobrevenidas que permiten revisar las medidas iniciales conforme al artículo 132 LJCA, especialmente la información oficial sobre la dimensión del colectivo de descendientes, superior a los 162.454 electores afectados por la suspensión anterior. También reconoce una conexión directa entre la ampliación solicitada y el objeto del proceso, pues la adquisición de la nacionalidad por los hijos tiene como presupuesto la previamente obtenida por sus progenitores, aunque responda a un título jurídico autónomo. En este sentido, cita la STS 1688/2020, de 9 de diciembre, que admite extender la tutela cautelar a actuaciones vinculadas esencialmente con las impugnadas para preservar la eficacia de la futura sentencia. Sin embargo, la Sala deniega la ampliación tras ponderar los intereses afectados y las dificultades de ejecución de la medida ante la proximidad de las elecciones. La decisión del TS deja en evidencia la complejidad procesal y jurídica de la denominada «Ley de nietos» y su impacto en el proceso electoral.
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