Una funcionaria del centro penitenciario Puerto III, en El Puerto de Santa María, ha sufrido una violenta agresión por parte de una interna que le arrancó parte del cuero cabelludo y le propinó numerosas patadas en distintas partes del cuerpo. Los hechos ocurrieron este viernes, 13 de noviembre, mientras la trabajadora realizaba el reparto de medicación en el departamento de mujeres de la prisión. Según ha denunciado el sindicato ACAIP-UGT, la reclusa, que ya había protagonizado incidentes anteriores, se abalanzó sobre la funcionaria y comenzó a golpearla repetidamente, causándole heridas en la nariz, múltiples contusiones y lesiones en la cabeza, la espalda y el abdomen. La rápida intervención de otros funcionarios permitió detener la agresión y evitar consecuencias de mayor gravedad. La trabajadora recibió una primera asistencia médica en el propio centro penitenciario y posteriormente fue trasladada a un servicio de urgencias hospitalarias. El sindicato ha denunciado que este episodio vuelve a poner de manifiesto las dificultades existentes para gestionar a internas con comportamientos especialmente violentos dentro de los módulos ordinarios de las prisiones. En este sentido, ACAIP-UGT considera necesario disponer de mecanismos eficaces que permitan separar de estos departamentos a aquellas reclusas cuya conducta represente un riesgo grave tanto para los trabajadores como para el resto de la población penitenciaria. La organización sindical ha puesto el foco en la escasa presencia de mujeres clasificadas en primer grado penitenciario, reservado para internos considerados de peligrosidad extrema o manifiestamente inadaptados a los regímenes ordinario y abierto. Según las estadísticas correspondientes a diciembre de 2025, únicamente 15 mujeres estaban clasificadas en primer grado en España, frente a las 21 registradas al cierre de 2024. Estas cifras, recogidas en las memorias de la Fiscalía General del Estado, reflejan un descenso en el número de reclusas sometidas a este régimen. ACAIP-UGT cuestiona la política de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, a la que atribuye una tendencia a reducir la aplicación del régimen cerrado y limitar las medidas de separación interior. A juicio del sindicato, estas restricciones dificultan la gestión de internas con conductas especialmente conflictivas. Ante esta situación, la organización reclama una revisión de los criterios de clasificación penitenciaria, mayores recursos para afrontar los episodios violentos y una dotación de personal suficiente que permita garantizar la seguridad dentro de las instalaciones. El sindicato advierte de que la protección de los trabajadores no puede depender exclusivamente de la intervención de sus compañeros una vez que se ha producido una agresión y exige medidas preventivas que eviten nuevos episodios de violencia. #Prisión #Agresión #Sindicato #Seguridad
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