Una trabajadora de una compañía aérea, contratada como tripulante de cabina, ha logrado conservar los 3.536,08 euros que percibió en prestaciones por desempleo durante un ERTE aplicado en la pandemia del coronavirus. El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) cuestionó el derecho de la trabajadora a esas prestaciones y reclamó la devolución del dinero. Sin embargo, el Tribunal Supremo ha confirmado que la reclamación del SEPE llegó fuera del plazo legal para revisar el reconocimiento de esas prestaciones. Este caso se remonta a los ERTEs aplicados durante la crisis sanitaria de la COVID-19. La trabajadora, que tenía un contrato indefinido a tiempo parcial con jornada concentrada, percibió las prestaciones por desempleo durante un periodo comprendido entre el 1 de enero y el 27 de octubre de 2021. Posteriormente, el SEPE cuestionó el reconocimiento de esas ayudas y reclamó la devolución de los 3.536,08 euros. La trabajadora acudió a los tribunales y consiguió que tanto el Juzgado de lo Social como el Tribunal Superior de Justicia de Madrid le dieran la razón. Ahora, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha confirmado ese pronunciamiento y ha desestimado el recurso presentado por el SEPE. Uno de los elementos determinantes del procedimiento fue el tiempo transcurrido entre el reconocimiento inicial de las prestaciones y la decisión del organismo público de revocarlas. Según recoge la sentencia, el SEPE reconoció inicialmente el derecho de la trabajadora a percibir las prestaciones mediante una resolución fechada el 26 de enero de 2021, que no llegó a notificársele. En este contexto, el 14 de junio de 2022, la empleada recibió una comunicación en la que se le informaba de la propuesta de revocación de las prestaciones correspondientes al periodo discutido. Finalmente, el organismo confirmó su decisión mediante una resolución de 19 de julio de 2022 y exigió el reintegro de los 3.536,08 euros. Ante esta decisión, la trabajadora impugnó esa decisión ante el Juzgado de lo Social número 15 de Madrid, que estimó su demanda y anuló la resolución del SEPE. De este modo, el fallo consideró que el organismo había superado el plazo de un año establecido para revisar sus propios actos de reconocimiento de derechos cuando esa revisión perjudica a los beneficiarios. Por tanto, la resolución ordenó que se devolviera a la trabajadora el importe que ya había ingresado. En cualquier caso, lo cierto es que el SEPE recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, pero la Sala de lo Social desestimó su recurso el 3 de julio de 2024 y confirmó la resolución del juzgado. De este modo, la Abogacía del Estado llevó entonces el asunto al Tribunal Supremo mediante un recurso de casación. Su objetivo era conseguir que se revocase la decisión favorable a la trabajadora. Concretamente, el recurso planteaba dos cuestiones. Por un lado, discutía el plazo del que disponía el SEPE para revisar el reconocimiento de las prestaciones. Por otro, cuestionaba que una trabajadora con contrato indefinido a tiempo parcial y jornada concentrada pudiera cobrar el paro durante sus periodos de inactividad. #Libremercado #ERTE #TribunalSupremo #derechoslaborales
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