La expansión de los centros de datos en España movilizará 66.900 millones de euros hasta 2030, con un impacto en el PIB de 42.800 millones. La demanda de energía y espacio ha creado un mercado secundario donde los derechos eléctricos adquieren un valor estratégico. Empresas como Box2bit han capitalizado sus permisos vendiéndolos a fondos como Blackstone. Merlin Properties, por su parte, proyecta unas rentas estabilizadas de 1.150 millones de euros anuales para 2032. El Gobierno ha impuesto nuevas reglas que exigen que toda instalación que supere 1 MW de potencia cubra el 80% de su consumo con contratos renovables. La patronal del sector, SpainDC, ha criticado estas nuevas regulaciones, considerándolas inviables y arriesgadas para la inversión.
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