La Ley 10/2025 de Atención al Cliente, que tiene como fecha límite el próximo 28 de diciembre, establece que el 95% de las llamadas personalizadas deban ser atendidas, de media, en menos de tres minutos cuando el usuario solicite hablar con un operador. Además, fija en 15 días hábiles el plazo máximo general para resolver consultas, quejas, reclamaciones e incidencias; en 5 días el plazo máximo para responder a cuestiones relacionadas con facturación y cobros indebidos, y en 2 horas la respuesta a incidencias que afecten a la continuidad de servicios básicos de interés general. Esta normativa se aplica a compañías que facilitan el suministro de agua, gas o electricidad; los transportes; los servicios postales; las comunicaciones electrónicas y otros sectores críticos. La norma busca garantizar una atención más eficiente y rápida a los usuarios, mejorando así la experiencia del cliente en estos servicios esenciales.
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