Raúl Cisneros Valdivia, un profesor de Veracruz, falleció sin recibir la pensión por invalidez que solicitó durante años. Su familia exige al gobierno y a la Secretaría de Educación de Veracruz que aclaren qué ocurrió con los recursos de sus dos plazas, que permanecieron vigentes hasta octubre de 2024, a pesar de que el Instituto de Pensiones del Estado dejó de registrar aportaciones desde julio de 2019. Según sus familiares, el profesor dejó de recibir su salario desde 2020, pero su baja del servicio activo está fechada hasta el 31 de octubre de 2024. La documentación que exhibe la familia señala como última cotización ante el IPE el 10 de julio de 2019. Cisneros Valdivia trabajó más de cuatro décadas para el gobierno de Veracruz como docente, supervisor escolar y apoyo técnico pedagógico; la familia sostiene que tenía reconocidos 43 años de aportaciones. En 2017 sufrió un infarto y fue dictaminado como no apto para seguir trabajando. Tras cumplir el periodo de incapacidades, en noviembre de 2019 entregó la documentación para tramitar su retiro por invalidez. La pensión nunca llegó. Sus familiares aseguran que en 2020 le registraron faltas injustificadas pese a contar con incapacidades y dictamen médico; luego le suspendieron el salario y comenzó un peregrinar entre la SEV, el sindicato y el IPE. La familia exige que la SEV determine cuándo terminó realmente la relación laboral, por qué dejaron de efectuarse aportaciones al IPE desde 2019 si la baja ocurrió cinco años después y si en ese periodo se emitieron pagos a nombre del profesor. Dicen tener información de esos movimientos, que deberá corroborarse con los registros oficiales de nómina y pago. El caso adquiere relevancia por las irregularidades que la Auditoría Superior de la Federación detectó en la nómina educativa de Veracruz en la Cuenta Pública 2025. En la auditoría 2126 al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) quedaron 48 millones 657 mil 604 pesos pendientes de aclarar, entre otras cosas por pagos posteriores a la baja de trabajadores y recursos para personas registradas como fallecidas. La auditoría no establece que Cisneros Valdivia forme parte de esos casos, y sus observaciones siguen en proceso de fiscalización: no equivalen, por sí mismas, a un daño patrimonial definitivo. Pero pesan sobre la pregunta de la familia: si desde 2020 no recibía salario y desde 2019 no había aportaciones, ¿qué ocurrió con los recursos de sus plazas hasta octubre de 2024? “Que dé la cara la secretaria y el oficial mayor”, exigieron los familiares.
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