La gestión económica y la respuesta institucional ante los graves daños del terremoto siguen generando profundas incógnitas y preocupación en diversos sectores. Según el análisis de la situación, actualmente no se están cubriendo adecuadamente las cuentas ni aplicando los recortes de gasto necesarios, mientras que el acceso a créditos blandos para encarar la emergencia brilla por su ausencia, elevando peligrosamente el coste de la deuda. El impacto social es de gran magnitud, afectando la pérdida de bienes y hogares de cientos de miles de familias de clase media y baja situadas a lo largo de las cordilleras y valles. Aunque la solidaridad y la caridad ciudadana desempeñan un papel relevante, los expertos advierten que resultan del todo insuficientes ante semejante catástrofe, exigiendo un paquete de ayuda de emergencia acordado a medio plazo con organismos multilaterales para financiar la limpieza y reconstrucción. Asimismo, se critica con dureza el incremento de la estructura burocrática estatal —con un aumento considerable de ministerios y viceministerios respecto a décadas pasadas— y se aboga por un recorte drástico de al menos el diez por ciento en dichos gastos superfluos para lograr ahorros multimillonarios. Se argumenta que esta contención permitiría rescatar servicios esenciales como el sistema sanitario y aliviar la presión fiscal sobre el empresariado productivo en lugar de asfixiarlo con más impuestos, mientras persisten graves desafíos cambiarios, de inflación y de competitividad que amenazan con desestabilizar el tejido productivo del país. Fuente: La República (Colombia)
También lo cubren: La República.
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