El Gobierno ha tardado casi 20 años en aprobar el reglamento de desarrollo del Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior, una ley aprobada durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero. Así lo reconoce el propio Ejecutivo en la exposición de motivos del Real Decreto 954/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que desarrolla la Ley 40/2006, de 14 de diciembre. «Ya han transcurrido casi veinte años desde la aprobación de la Ley 40/2006, de 14 de diciembre, sin que haya contado con un reglamento de desarrollo», admite el texto. La norma, aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 3 de noviembre, reconoce que durante este periodo únicamente se habían aprobado «diversas normas de aplicación que cubren aspectos parciales de la ley y de manera bastante fragmentada». El nuevo real decreto pretende precisamente unificar y actualizar buena parte de esa regulación, que el Ejecutivo considera desfasada y dispersa. La Ley del Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior fue aprobada por el Congreso de los Diputados el 30 de noviembre de 2006, promulgada el 14 de diciembre y publicada en el BOE al día siguiente. Entró en vigor el 16 de diciembre de aquel año. Casi 20 años después, el Gobierno ha aprobado un reglamento de 105 artículos que desarrolla sus disposiciones y establece un marco normativo común para los españoles residentes en el extranjero y quienes decidan regresar a España. Durante estas dos décadas sí se aprobaron diferentes disposiciones para regular materias concretas. Entre ellas figuran el Real Decreto 8/2008, sobre prestaciones por razón de necesidad para españoles residentes en el exterior y retornados; el Real Decreto 230/2008, que regula el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior, y el Real Decreto 1960/2009, relativo a los Consejos de Residentes Españoles en el Extranjero. También se aprobaron normas sobre ayudas a españoles retornados y subvenciones para las comunidades españolas en otros países. Sin embargo, Moncloa reconoce que estas disposiciones no habían proporcionado un desarrollo integral del estatuto. Una de las principales carencias afectaba a la política de retorno, a la que la ley dedica su título II. «No ha conocido desarrollo reglamentario alguno», señala la exposición de motivos, que destaca la necesidad de establecer una regulación específica para facilitar el regreso de los españoles residentes en el exterior. El documento vuelve a insistir en esta cuestión al explicar el contenido del nuevo reglamento. Según recoge, el título III aborda «por primera vez la política integral de retorno» prevista en la ley de 2006, que «no ha sido nunca objeto de desarrollo general por un real decreto». Hasta ahora, las actuaciones en este ámbito se habían limitado a medidas concretas, como las ayudas para atender situaciones de extraordinaria necesidad de los españoles retornados y determinadas prestaciones asistenciales. El Gobierno justifica la aprobación de la norma por los cambios experimentados por la emigración española durante las últimas dos décadas. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) citados en el real decreto, la población española residente en el extranjero ha pasado de 1.471.691 personas en 2009 a 3.202.002 en 2026, más del doble en ese periodo. El Ejecutivo considera que la normativa existente no se había adaptado suficientemente a esta evolución ni a las nuevas necesidades de los españoles que viven fuera del país. Entre los objetivos del reglamento figuran la actualización de las prestaciones y subvenciones, la mejora de la asistencia sanitaria, el refuerzo de los mecanismos de participación y la adaptación de los procedimientos administrativos.
También lo cubren: El Liberal.
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