En los últimos 24 meses, el Estado ha ejecutado o autorizado la destrucción de más de 200 barreras fluviales, azudes históricos y pequeñas presas de derivación en todo el territorio nacional. La burocracia europea, a través de la Ley de Restauración de la Naturaleza y la Estrategia de Biodiversidad para 2030, ha establecido el objetivo de reconectar al menos 25.000 kilómetros de ríos en Europa, dejándolos 'libres de obstáculos'. La premisa pseudocientífica que sostiene este despropósito es que las barreras artificiales impiden la migración de los peces y alteran la sedimentación natural. Para el ecologismo de salón, la comodidad reproductiva de la trucha o el barbo tiene preeminencia moral y legal sobre la supervivencia alimentaria de la nación. Mientras tanto, Marruecos construye embalses masivos e 'autopistas del agua' financiadas con créditos europeos, preparándose para asestar el golpe de gracia a nuestra agricultura. La escasez de agua en la España peninsular no es un fenómeno puramente meteorológico, sino una carestía diseñada y ejecutada en los despachos.
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