Hoy, 18 de noviembre, Castilla-La Mancha pone en marcha la Ley de Medidas Urgentes para la Movilización de Suelo, el Impulso de la Vivienda y la Simplificación Urbanística. Esta normativa abre el suelo y los edificios públicos a nuevos usos residenciales, con el objetivo de ampliar el parque público de vivienda social. Los alquileres de estas viviendas se fijarán en función de los ingresos de los destinatarios, con un enfoque particular en la población joven. La ley también incorpora instrumentos para ampliar el parque público residencial, impulsar la vivienda protegida, favorecer la regeneración urbana y facilitar el planeamiento en pequeños municipios. Además, permite destinar edificios y parcelas de titularidad pública a vivienda protegida o dotacional, incluyendo inmuebles que pertenecen a otras administraciones. La creación de un patrimonio público residencial diferenciado y de carácter finalista es otra de las medidas clave de esta ley. En la promoción de vivienda protegida, se prevé un aumento de hasta un 20% en la edificabilidad, un 30% en la densidad y hasta dos plantas en la altura prevista en determinadas parcelas. La regulación también incorpora los Planes de Rehabilitación Urbana, pensados para intervenir en situaciones de infravivienda o en zonas degradadas por antiguos usos industriales. Los municipios en riesgo de despoblación que acrediten necesidad de vivienda podrán recurrir a Planes Especiales para habilitar crecimiento residencial de manera ordenada. Con este conjunto de instrumentos, la nueva ley actúa en varios frentes: la ampliación del parque público, la vivienda protegida, la recuperación de zonas degradadas y el crecimiento residencial de los municipios amenazados por la despoblación.
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