En la noche del sábado 14 de noviembre, un interno del Centro Penitenciario de Sevilla II prendió fuego a su celda, creando una situación crítica. La rápida intervención de los funcionarios, equipados con equipos de respiración autónoma, permitió sofocar el fuego y rescatar al recluso, aunque varios internos y funcionarios sufrieron inhalación de humo. El recluso responsable del incendio fue trasladado a un hospital con síntomas graves de intoxicación. Desde ACAIP-UGT, el sindicato de los funcionarios, reconocen la valentía y profesionalidad de los trabajadores penitenciarios, pero también señalan la necesidad urgente de mejoras en la seguridad y los medios materiales. Piden el traslado inmediato del interno responsable, equipos de intervención más ligeros y soluciones ante la falta de centros psiquiátricos penitenciarios. Este incidente vuelve a poner de manifiesto la problemática estructural que ACAIP-UGT lleva años denunciando: las prisiones ordinarias están asumiendo funciones propias de centros psiquiátricos sin contar con personal ni infraestructuras especializadas. Con apenas dos hospitales psiquiátricos penitenciarios en toda España, el sistema se muestra incapaz de absorber el elevado número de internos con patologías mentales graves. Asimismo, el sindicato reclama a la Administración una modernización urgente de los medios materiales. Es imprescindible dotar a las plantillas de extintores más manejables y equipos de respiración más ligeros y ergonómicos que garanticen la agilidad de movimientos en intervenciones críticas donde cada segundo cuenta. Por todo ello, ACAIP-UGT exige el traslado urgente del interno responsable de los hechos y reclama a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias la apertura de las diligencias regimentales y disciplinarias oportunas —atendiendo siempre a su situación clínica— para que conductas de esta gravedad no queden impunes. Provocar un incendio en un entorno cerrado como una prisión supone un riesgo extremo para toda la comunidad penitenciaria. Desde ACAIP-UGT advierten que la vocación y profesionalidad de los funcionarios no pueden seguir supliendo indefinidamente la falta de medios y la inacción de la Administración ante la realidad actual de las cárceles.
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