El Global Pension Index de 2025, elaborado por Mercer CFA Institute, sitúa a Chile entre los sistemas de pensiones con mejores resultados comparativos, con una puntuación global de 76,6 puntos y 74,9 en sostenibilidad. España obtiene 63,8 puntos en el índice general y 34,2 en sostenibilidad. La diferencia es considerable. Pero, ¿qué significa exactamente? ¿Debemos concluir que el modelo chileno garantiza mejor las pensiones futuras que el español, o que el sistema de capitalización es económicamente superior al de reparto? Antes de aceptar esa conclusión conviene examinar qué mide el índice y qué queda fuera de su campo de visión. Mercer divide la evaluación en tres dimensiones: adecuación, sostenibilidad e integridad, ponderadas, respectivamente, con un 40 %, un 35 % y un 25 %. La adecuación intenta evaluar las prestaciones; la sostenibilidad, la capacidad de mantener el sistema; y la integridad, su regulación, gobernanza y funcionamiento institucional. El resultado es un indicador compuesto por más de cincuenta variables, no una estimación directa de la probabilidad de que cada persona vaya a recibir una pensión suficiente. El problema no está en medir los activos acumulados. Está en otorgar a esa acumulación un papel decisivo en la evaluación de la sostenibilidad sin incorporar, con el mismo alcance, la distribución del excedente, los efectos sobre la demanda, los costes de transición y la desigualdad en la capacidad individual de ahorro. La diferencia entre Chile y España se vuelve más reveladora cuando se separan las dimensiones. Chile obtiene 71,9 puntos en adecuación y 74,9 en sostenibilidad; España alcanza 83,0 en adecuación, pero solo 34,2 en sostenibilidad. Es decir, el sistema español obtiene una puntuación considerablemente superior en la dimensión que pretende valorar la suficiencia de las prestaciones actuales, mientras que el chileno destaca en la que evalúa su continuidad financiera futura. Esta divergencia debería llevarnos a examinar la definición de sostenibilidad antes de convertir la puntuación en un juicio global sobre los dos modelos. En efecto, la metodología de Mercer atribuye un peso importante a variables relacionadas con la acumulación de ahorro para la jubilación: cobertura de planes de ahorro, activos pensionistas y contribuciones obligatorias capitalizadas. Estos indicadores pueden aportar información útil sobre la existencia de reservas financieras y la diversificación de las fuentes de ingresos futuros. Sin embargo, no equivalen a medir la capacidad de una economía para producir los bienes y servicios que necesitarán sus jubilados, ni permiten concluir por sí solos que una arquitectura pensionista sea superior a otra. El problema no está en medir los activos acumulados. Está en otorgar a esa acumulación un papel decisivo en la evaluación de la sostenibilidad sin incorporar, con el mismo alcance, la distribución del excedente, los efectos sobre la demanda, los costes de transición y la desigualdad en la capacidad individual de ahorro. Como planteé en «Sobre pensiones, mentiras y otras falacias que nos cuentan», la capacidad de generar excedente no deja de aumentar por el mero hecho de que cambie la proporción entre trabajadores y pensionistas. Por el contrario, no para de aumentar esa capacidad. La cuestión es cómo se distribuye ese excedente y qué instituciones permiten convertirlo en derechos sociales efectivos. Mercer ofrece una comparación de sistemas según unos criterios determinados. No demuestra que la capitalización sea imprescindible, ni que el reparto sea económicamente inviable. Esa conclusión exigiría un análisis distinto, capaz de comparar resultados distributivos, riesgos, costes fiscales y capacidad productiva a lo largo del tiempo.
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