La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha establecido nuevas condiciones para las plataformas digitales utilizadas en la tramitación de expedientes de acceso a la red eléctrica relacionados con instalaciones de autoconsumo y puntos de recarga de vehículos eléctricos. La resolución, publicada en el Boletín Oficial del Estado, obliga a los gestores de distribución eléctrica a desarrollar herramientas que faciliten la tramitación, permitan consultar el estado de los expedientes y mejoren la comunicación con los solicitantes. La norma produce efectos desde el 15 de noviembre, aunque establece un plazo de diez meses para adaptar las plataformas a los requisitos aprobados. La medida pretende mejorar la transparencia de los procedimientos, pero no elimina las autorizaciones ni los requisitos técnicos que correspondan a cada instalación. Las nuevas condiciones afectan a determinados trámites de acceso a la red de distribución para instalaciones de autoconsumo eléctrico. Se incluyen los expedientes que requieren permisos de acceso y conexión y determinados casos en los que, aun estando exentos de esos permisos, resulta necesaria una actuación del gestor de la red. Las plataformas deberán facilitar la apertura y gestión de los expedientes, el intercambio de documentación y la consulta de las distintas fases del procedimiento. El objetivo es que los solicitantes dispongan de información más clara sobre el estado de sus gestiones y las actuaciones pendientes. Sin embargo, la resolución no significa que todas las instalaciones solares deban solicitar un permiso nuevo. La necesidad de obtenerlo continuará dependiendo de las características del proyecto y del régimen legal aplicable. La CNMC extiende los nuevos requisitos a los expedientes relacionados con infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos. Las plataformas deberán permitir gestionar solicitudes de acceso a la red y otras actuaciones técnicas cuando corresponda. Esto puede afectar a instalaciones que requieren nuevas acometidas, modificaciones o refuerzos de la infraestructura eléctrica. También estarán incluidos determinados procedimientos que no necesitan permisos de acceso y conexión, pero requieren intervención de la distribuidora. Uno de los aspectos centrales de la resolución es la obligación de ofrecer información actualizada sobre los expedientes. Las plataformas deberán permitir consultar datos como la fecha de apertura, la fase de tramitación y la siguiente actuación prevista. También tendrán que facilitar la descarga de información en formatos electrónicos que permitan su tratamiento estructurado. La resolución contempla avisos o notificaciones automáticas cuando se produzcan cambios relevantes, como la incorporación de documentación o el inicio de una actuación sometida a plazo. Además, deberán evitarse exigencias documentales innecesarias para la apertura de expedientes, especialmente en los casos exentos de permisos de acceso y conexión. La resolución produce efectos desde el día siguiente a su publicación en el BOE, es decir, el 15 de noviembre de 2026. Sin embargo, los gestores de distribución dispondrán de diez meses para desarrollar el contenido mínimo exigido. Esto significa que las nuevas funcionalidades no tendrán por qué encontrarse completamente disponibles desde el primer día. La norma fija las condiciones de desarrollo de las herramientas y establece requisitos destinados a mejorar la accesibilidad de la información y la gestión de los procedimientos. También contempla mecanismos para mantener el seguimiento de los expedientes y documentar las actuaciones realizadas.
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