Protestas por decreto autonómico

Fuente: El Tambor · sucesos · Canarias, España

Protestas por decreto autonómico

La Asociación Tierra Bonita, en defensa de los damnificados por el volcán Tajogaite, denuncia la «grave inseguridad jurídica y el desvío de fondos públicos» que, a su juicio, consagra el nuevo Decreto-ley 9/2026 de medidas urgentes para los afectados por la erupción, aprobado por el Gobierno de Canarias. «Lejos de acelerar la reconstrucción social, la norma se ha convertido en un traje a medida de una minoría que mercantiliza la tragedia y castiga a las familias que lo perdieron todo», subraya este colectivo. A juicio de la asociación, en la reunión de la Comisión Mixta Canarias-Estado celebrada este jueves 12 en La Palma «las Administraciones públicas han vuelto a alardear de cifras en un ejercicio de triunfalismo alejado de la realidad de los vecinos». Si bien considera «innegable» que el Estado ha sido el mayor contribuyente a la recuperación, con más de 1.600 millones de euros invertidos, según informa el Ministerio, a Tierra Bonita le resultan «altamente cuestionables» los 80 millones de fondos propios de los que presume el Cabildo de La Palma, que, según critica, fía su gestión al endeudamiento. Respecto a la postura del Gobierno autonómico, la asociación la tacha de «mercantilista, miserable y entregada a los lobbies agrarios y empresariales». Critica, además, que el Ejecutivo canario asuma un papel de víctima y lo escenifique con lo que considera un «absurdo reproche al Estado», al exigir 300 millones de euros que, según Tierra Bonita, no se ajustan a la realidad de los acuerdos alcanzados. Asimismo, considera «una profunda injusticia» la reclamación genérica de prorrogar la bonificación del 60 % del IRPF para toda La Palma, «una medida que nunca debió aplicarse como un café para todos insular». Frente a ello, Tierra Bonita defiende que la bonificación debe concentrarse en la población del Valle de Aridane, la más directamente perjudicada por la erupción, y elevarse al 100 % para los damnificados que han perdido su patrimonio y sus medios de vida. En este contexto, sostiene que las declaraciones de la consejera autonómica de Presidencia, Nieves Lady Barreto, «confirman las peores sospechas»: un Gobierno canario que, según denuncia, “prioriza los intereses de los lobbies agrarios”. La asociación critica que, mientras el Ejecutivo anuncia inyecciones millonarias procedentes de los superávits para compensar a los plataneros, un plan específico de ayudas del PEPAC y la apertura de pistas agrícolas, demuestra “una falta de capacidad y voluntad” para resolver el “drama” habitacional de cientos de familias y la “caótica” ordenación territorial del Valle de Aridane. Para la asociación, «el mayor error histórico cometido con una reconstrucción hecha a la carta ha sido no confiar en la creación de un consorcio único entre todas las administraciones públicas, con representación de las personas afectadas y dotado de una gerencia profesional». Tierra Bonita considera que el rechazo a esta figura ha puesto de manifiesto las enormes carencias operativas de los ayuntamientos y del Cabildo, dando lugar a una gestión fragmentada y a una «reconstrucción a la carta». A su juicio, este modelo se sostiene sobre «un Estado que pone el dinero, un Gobierno de Canarias que niega cualquier transparencia —su negativa a facilitar la identidad de los beneficiarios de las ayudas es sumamente sospechosa— y un nivel insular caracterizado por contrataciones a dedo y proyectos de reconstrucción de viales sin planificación previa». A pesar de haberlo solicitado formalmente, Tierra Bonita asegura que nunca ha recibido información sobre los proyectos públicos de reconstrucción.

También lo cubren: La Voz De La Palma.

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