Nuevas reglas bancarias post-sentencia

Fuente: Alicante Plaza · juridica · Comunidad Valenciana, España

Nuevas reglas bancarias post-sentencia

VALENCIA. Desde devoluciones millonarias para la banca a simplemente un impacto limitado y con matices. La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del 15 de octubre de 2026 que obliga a las entidades bancarias a devolver de inmediato los importes sustraídos a sus usuarios mediante operaciones bancarias no autorizadas suscita análisis diversos e incluso contradictorios entre sí. Mientras que las asociaciones de usuarios de la banca ven este dictamen como una pequeña victoria, para las entidades financieras supone sólo un cambio en el proceso que no impactará de forma significativa sus cuentas. Pero, ¿qué supone realmente la sentencia? En un primer momento se traduce en un cambio en el procedimiento de las reclamaciones que, al menos, supone una mayor protección para los usuarios a la hora de recuperar el dinero sustraído de sus cuentas. El tribunal europeo ha aclarado que las entidades financieras no pueden retrasar ni rechazar la devolución de una operación de pago no autorizada bajo el argumento de que el cliente pudo actuar con negligencia grave. A partir de ahora, el procedimiento debe seguir un orden: los bancos deben primero devolver el dinero y, posteriormente, determinar en los tribunales quién debe asumir las pérdidas. La resolución, dictada en el asunto C-70/25, responde al caso de una mujer polaca que intentaba vender un objeto por Internet. Un supuesto comprador le envió un enlace fraudulento que simulaba ser de su entidad bancaria y que permitió a los estafadores obtener sus credenciales y realizar operaciones de pago. El conflicto llegó a la justicia europea después de que se cuestionara la obligación de la entidad de reembolsar el dinero cuando existían indicios de una posible negligencia grave por parte de la clienta. El fallo interpreta la Directiva europea de servicios de pago, incorporada a la legislación española mediante el Real Decreto-ley 19/2018. En concreto, el artículo 45 establece que, cuando se produce una operación no autorizada, el proveedor de servicios de pago debe devolver el importe inmediatamente y, como máximo, al finalizar el siguiente día hábil desde que tenga conocimiento de la operación o reciba la notificación del usuario. La única excepción contemplada para suspender esa devolución inmediata es que la entidad tenga motivos razonables para sospechar que el propio cliente ha cometido un fraude. En ese supuesto, deberá comunicar por escrito esos motivos a la autoridad nacional competente. La mera sospecha de que el consumidor ha sido negligente no permite paralizar el reembolso. La sentencia no elimina, sin embargo, la posibilidad de que el cliente tenga que asumir finalmente las pérdidas. El artículo 46 del mismo real decreto-ley contempla que el usuario pueda ser responsable cuando haya actuado fraudulentamente o haya incumplido deliberadamente o por negligencia grave sus obligaciones de seguridad. La diferencia es que esa responsabilidad ya no puede utilizarse como argumento para evitar la devolución inicial. Así, el banco tendrá que reembolsar primero el importe y, si considera que el consumidor incurrió en negligencia grave, podrá reclamarle posteriormente el dinero por la vía correspondiente. La entidad deberá acreditar que concurren las circunstancias legales para atribuirle esa responsabilidad. El cambio de procedimiento no significa que el usuario deba permanecer pasivo. Fuente: Alicante Plaza

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