El salario mínimo interprofesional (SMI) vuelve a situarse en el centro de la confrontación política y económica en España. El Ministerio de Trabajo ha planteado elevarlo un 5,3% en 2027, hasta los 1.286 euros brutos mensuales en 14 pagas. Pero la propuesta ha recibido críticas desde dos frentes distintos. Podemos considera que el incremento es insuficiente y reclama que el suelo salarial alcance los 1.800 euros. Los sindicatos habían solicitado una subida del 7%. Mientras, la patronal cuestiona que el Gobierno impulse la decisión antes de las elecciones generales del 29 de noviembre. La discusión parece concentrarse en una cifra. Pero detrás de ella se encuentra un problema mucho más profundo. La distancia entre tener un empleo y disponer de ingresos suficientes para vivir. El debate sobre el SMI ya no puede limitarse a determinar cuánto debe cobrar una persona por una jornada completa. También obliga a examinar cuántas horas trabaja realmente, qué estabilidad tiene su contrato, cuánto cuesta la vivienda y qué capacidad conserva su salario para afrontar los gastos cotidianos. La propuesta de Trabajo supone 65 euros brutos adicionales al mes respecto a los 1.221 euros actuales. El departamento que dirige Yolanda Díaz ha situado así su planteamiento por encima del incremento del 4,9% recomendado por la comisión de expertos. Que habría elevado el salario mínimo a 1.281 euros. Sin embargo..., queda por debajo del 7% reclamado por CCOO y UGT. La cifra se encuentra en un proyecto sometido a audiencia pública, cuyo plazo de aportaciones termina el 16 de noviembre. La reacción de Podemos ha convertido la actualización salarial en un nuevo campo de disputa dentro del espacio político situado a la izquierda del PSOE. Irene Montero, candidata de la formación a las elecciones generales del 29 de noviembre, calificó de insuficiente la propuesta ministerial y defendió que el SMI debe alcanzar al menos los 1.800 euros mensuales. La diferencia entre los 1.286 euros planteados por Trabajo y los 1.800 reclamados por Podemos supera los 500 euros mensuales. No es una discrepancia menor ni una simple discusión técnica sobre el porcentaje de actualización. Expresa una concepción distinta sobre el papel que debe desempeñar el salario mínimo en la distribución de la renta. Y en la protección de quienes ocupan los escalones inferiores del mercado laboral. Para Podemos, la subida anunciada no responde suficientemente al encarecimiento de la vida. Se queda corta frente a las dificultades económicas de los hogares. La formación vincula su reivindicación con la necesidad de que trabajar permita salir de la precariedad. En lugar de limitarse a proporcionar una remuneración que apenas cubra los gastos esenciales. El Gobierno, por su parte, justifica el incremento en la necesidad de compensar la inflación y preservar el poder adquisitivo. La memoria del proyecto añade que la propuesta incorpora tanto la evolución de los precios como la pérdida de capacidad de compra soportada durante 2026. El debate, por tanto, no enfrenta únicamente una cifra moderada con otra más ambiciosa. Enfrenta distintos criterios sobre cuánto debe avanzar el salario mínimo y a qué ritmo debe hacerlo. El argumento más relevante para medir la eficacia del SMI se encuentra en la situación de quienes tienen empleo y, pese a ello, permanecen en riesgo de pobreza. Los datos disponibles muestran que el problema no desaparece cuando una persona consigue un contrato. Según los indicadores de Eurostat recogidos por el Ministerio de Trabajo, el 11,2% de las personas ocupadas mayores de 18 años en España estaba en riesgo de pobreza en 2025. La proporción se situaba por encima de la media de la Unión Europea, del 8,3%. La cifra revela una realidad incómoda para cualquier estrategia económica que identifique automáticamente empleo con bienestar. Una parte de la población trabaja, recibe ingresos y, aun así, no supera el umbral estadístico de pobreza. #SMI #Salarios #Podemos #Gobierno #Inflación
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