El programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) ha visto una caída drástica en la participación, con aproximadamente cinco millones de personas perdiendo beneficios alimentarios desde la aprobación de la Ley de Impuestos y Gasto Integral. Este declive, el más rápido en décadas, ha afectado tanto a las familias que enfrentan inseguridad alimentaria como a los trabajadores gubernamentales que administran SNAP. Oficinas en todo el país han tenido que lidiar con nuevas reglas, mayores cargas de trabajo y presiones financieras para evitar errores. En San Diego, el condado ha respondido colaborando con bancos de alimentos locales para distribuir alimentos gratuitos en sus oficinas de servicios sociales. Aunque no es una solución a largo plazo, las autoridades del condado no podían quedarse de brazos cruzados mientras sus vecinos pasaban hambre. Los trabajadores del programa SNAP, como Rosa Rodarte, han pasado de ayudar a las personas a solicitar programas de asistencia a simplemente ayudar a obtener alimentos. La directora de la oficina de atención al cliente de San Diego, Nina Olivas, destaca la importancia del trabajo que realizan, recordando a su personal que están en la primera línea de ayuda, a veces ayudando a personas en los momentos más difíciles de sus vidas.
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