Las infraestructuras clave en España se encuentran en un punto crítico debido a la falta de presupuestos y al desvío de fondos hacia nuevos proyectos en lugar de su mantenimiento. Diversas patronales estiman que el déficit de conservación acumulado en las redes ferroviarias, hídricas y de carreteras alcanza al menos los 17.000 millones de euros. Este deterioro se produce a pesar de registrar un récord de recaudación tributaria y de haber recibido más de 100.000 millones de euros de los fondos europeos Next Generation. El sector privado insta al próximo Gobierno a pactar un plan de choque plurianual priorizando la rehabilitación urgente del sistema antes de iniciar nuevas obras. Las tragedias ferroviarias de Adamuz y de Urda que se cobraron la vida de 115 personas en menos de nueve meses son solo la punta del iceberg de un sistema de infraestructuras español que ha entrado en un punto crítico de saturación. Un peligroso cóctel que mezcla un aumento de la demanda, la congestión de las redes por falta de planificación, el deterioro por un peligroso déficit de mantenimiento y la falta de nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) desde 2023. Diferentes patronales advierten que solo entre redes hídricas, carreteras e infraestructuras ferroviarias (aunque el problema también se extiende a la energía) hay un desequilibrio de mantenimiento de, al menos, 17.000 millones que se hace urgente cubrir. Sin contar con nuevas inversiones. Este déficit se ha agravado en el momento de mayor recaudación tributaria del Estado, donde los ingresos han crecido más de un 50%. El Gobierno además ha contado con la inversión de los fondos europeos Next Generation, 102.000 millones de inyección extra a las cuentas públicas en el Plan de Recuperación desde 2021, aproximadamente el 6% anual del PIB. ¿Qué ha pasado? Economistas y patronales advierten de que la falta de presupuestos ha frenado la tasa de reposición y de que, históricamente — un modelo que los Next Generation han reproducido —, la obra pública se ha orientado a nuevos proyectos en lugar de al mantenimiento de los ya realizados. Esto generó que no se cubrieran los problemas más urgentes para conservar y reparar las infraestructuras y, por tanto, el déficit se siguió acumulando en los cinco años del Plan de Recuperación. Es así como el sector privado califica la legislatura que comenzó a finales de 2023 como 'perdida' en términos de infraestructuras y exigen que sea una de las grandes prioridades tras el 29-N, sea cual sea el color político del nuevo Gobierno. Los usuarios de las redes de infraestructuras notan que cada día que pasa los servicios públicos se deterioran más. La credibilidad de la alta velocidad quedó muy tocada tras los accidentes de Urda y Adamuz, pero esta percepción se extiende a las carreteras, el sistema eléctrico y a las infraestructuras hídricas. El diagnóstico es unánime entre los expertos: hay un déficit crónico e histórico de infraestructuras que las administraciones -central, autonómica y local- no están abordando. El problema es que debe existir voluntad política para solucionarlo de forma urgente y en todos los niveles políticos y de gestión. De lo contrario, puede ser demasiado tarde. Según el Instituto de Estudios Económicos (IEE) el déficit acumulado de inversión en mantenimiento de infraestructuras no solo es 17.000 millones desde 2018, sino que además se habrían necesitado 76.000 millones adicionales para mantener la ratio de capital. El desequilibrio del sector ferroviario fue de 3.600 millones; el de las infraestructuras hidráulicas de 5.500 millones; y el del mantenimiento de carreteras de 1.300 millones. #Infraestructuras #Crisis #Mantenimiento
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