La regulación de centros de datos en España enfrenta un periodo de incertidumbre debido al adelanto electoral. El Gobierno tiene previsto aprobar el real decreto para regular estos centros el 17 de noviembre, pero el adelanto electoral abre un periodo de incertidumbre de al menos tres meses para las inversiones. El sector advierte que el anuncio de la normativa ya ha provocado una moratoria en el desarrollo de nuevos proyectos en España ante las elevadas exigencias de sostenibilidad y conexión. Un eventual cambio de Gobierno requerirá tramitar una nueva norma para modificar el decreto, aunque el mandato legal de fijar requisitos al sector continuará vigente según la ley actual. La regulación podría verse frenada por la Directiva europea 2015/1535, que exige tres meses de notificación a Bruselas, y por las advertencias del Consejo de Estado sobre posibles vicios de ilegalidad. Porque entre el resultado electoral y la constitución de Cortes, la formación de grupos, las fiestas y la investidura pasan al menos tres meses, periodo en el que los promotores quedan en incertidumbre sobre si el nuevo Ejecutivo mantendrá o derogará el decreto. La moratoria ya se ha hecho notar, con promotores que paralizan decisiones hasta conocer el marco definitivo. Además, el Consejo de Estado advirtió múltiples problemas legales en el texto, con hasta catorce puntos señalados como presuntamente ilegales, lo que podría dar lugar a recursos y comprometer la conexión a la red eléctrica de nuevos proyectos. 'El anuncio de esta normativa ya ha provocado una moratoria para desarrollar nuevos proyectos en España', explica Christian Lipperheide, responsable de Estrategia y Desarrollo en PQC, empresa española especializada en centros de datos. 'Y además, es conocido por todos que una vez que en este país se aprueba una ley es tierra vedada. Nadie está seguro de que, en caso de vuelco electoral, se vaya a derogar, y en cualquier caso que se vaya a contar con el sector', advierte. Se abre un escenario de difícil encaje jurídico: un Ejecutivo saliente que deja aprobada una regulación que su sucesor podría querer modificar o derogar. A partir de ahí, un nuevo Ejecutivo podría decidir cambiar las reglas del juego, pero tendría que hacerlo mediante otro instrumento normativo de igual rango y respetando los procedimientos legalmente exigibles.
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