La Fiscalía Anticorrupción, en colaboración con la Agencia Tributaria y la Intervención General de la Administración del Estado, ha iniciado una investigación sobre 'graves irregularidades' en la adjudicación de contratos de Defensa por un valor superior a 6.000 millones de euros. La investigación se centra en la sospecha de delitos como fraude en la contratación pública, malversación, prevaricación y tráfico de influencias. La denuncia, presentada ante la Fiscalía, apunta a que el Gobierno de España habría adjudicado estos contratos de manera irregular, utilizando un artículo del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea que permite sortear la Ley de Transparencia. Las empresas Indra y Escribano EM&E habrían recibido la mayor parte de estos contratos, con un valor de 6.077 millones de euros, lo que ha generado preocupación por la falta de competencia en la adjudicación de estos importantes contratos. La investigación está en curso y se espera que proporcione más detalles sobre las irregularidades detectadas.
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