El Tribunal Supremo ha dado la razón a una madre que trasladó a su hija menor de Alicante a Teruel sin contar con el consentimiento del padre ni solicitar autorización judicial. Una decisión que, aunque contraria a lo establecido en el Código Civil, no puede castigarse cuando hacerlo perjudicaría el interés de la niña. Así lo establece la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo en su sentencia 1532/2026, de 30 de septiembre, en la que desestima el recurso de casación interpuesto por el progenitor contra la decisión de la Audiencia Provincial de Alicante. El conflicto se remonta a septiembre de 2022, cuando la mujer presentó una demanda de guarda y custodia tras la ruptura de una relación sentimental de cuatro años, fruto de la cual había nacido una niña en 2019. La madre solicitaba la custodia exclusiva y manifestaba su intención de trasladarse a Teruel, su ciudad de origen, donde contaba con una vivienda en copropiedad con su padre y su hermana, además de apoyo familiar y una oferta de trabajo. Por su parte, el padre reclamaba la custodia compartida, con periodos de convivencia semanales alternos, y se oponía al cambio de residencia. La situación familiar se complicaba en mayo de 2023, cuando el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Denia condenaba al progenitor por un delito leve de amenazas en el ámbito familiar. Una condena que incluía 40 días de trabajos en beneficio de la comunidad y la prohibición de aproximarse y comunicarse con la mujer durante 16 meses. Un contexto en el que, en agosto de ese mismo año, la madre decidía trasladarse a Teruel con su hija, a la que matriculaba en un colegio de la ciudad. Una decisión que adoptaba sin autorización judicial y sin el consentimiento del otro progenitor. En noviembre de 2023, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Denia atribuyó la guarda y custodia a la madre, pero estableció que la niña debía mantener su residencia en la localidad alicantina donde había vivido anteriormente, o en un lugar próximo. La mujer recurrió esta decisión y, en mayo de 2024, la Audiencia Provincial de Alicante le permitió mantener la residencia de su hija en Teruel. Para ello, valoró la condena penal del padre, la situación económica y laboral de la madre, el apoyo de sus familiares y la escolarización de la niña. También tuvo en cuenta su corta edad, que hacía presumir que todavía no había desarrollado un arraigo suficiente en su anterior lugar de residencia como para verse perjudicada por el traslado. El padre, sin embargo, decidió acudir al Tribunal Supremo. En concreto, ante la sala de lo Civil compuesta por los magistrados Mª Ángeles Parra Lucán (ponente), José Luis Seoane Spiegelberg, Antonio García Martínez, Manuel Almenar Belenguer y Raquel Blázquez Martín. Magistrados que, en su sentencia 1532/2026, desestimaban las pretensiones del padre frente al cambio de domicilio de su hija. Así pues, el progenitor condenado por violencia de género, en su recurso, alegaba la vulneración del artículo 154 del Código Civil, que exige el consentimiento de ambos progenitores o autorización judicial para modificar la residencia habitual de un menor. También defendía que el traslado respondía a la comodidad de la madre y no al interés de la hija, que mantenía vínculos familiares en Alicante, especialmente con sus hermanos por parte paterna. Argumentos que no han convencido al Alto Tribunal. Los magistrados reconocen que la madre actuó al margen de la ley al trasladar unilateralmente a la niña. «Este proceder de la madre no está amparado por la ley», señala la sentencia. Sin embargo, advierten de que esa conducta, aunque sea reprochable, no puede dar lugar a una sanción que determine una decisión sobre la residencia de la menor contraria a su interés. El Supremo recuerda, además, que no se está juzgando el derecho de la madre a elegir dónde vivir, protegido por el artículo 19 de la Constitución, sino el lugar de residencia más adecuado para su hija. #Familia #Derecho #TribunalSupremo #Custodia
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