Desde julio de 2024, todos los coches nuevos en España salen de fábrica con la preinstalación para un alcoholímetro antiarranque. Este dispositivo bloquea el arranque si el conductor sopla por encima de la tasa permitida. Aunque el Reglamento 2019/2144 obliga a incluir esta interfaz en todo coche nuevo, solo el transporte de viajeros debe llevarla activa. En España, la Ley de Tráfico exige el uso del alcoholímetro en microbuses y autobuses conducidos por profesionales, pero no en vehículos particulares. Esto deja a los compradores con una falsa sensación de seguridad, ya que sin el dispositivo montado, no hay bloqueo posible. Además, el parque de ocasión queda fuera del alcance de esta normativa, ya que los coches matriculados antes de julio de 2024 no tienen la interfaz necesaria. La pregunta que surge es: ¿por qué la norma española se ha quedado a medio camino? Bruselas ha dejado la decisión en manos de cada país, pero España solo ha aplicado la norma parcialmente. Los expertos señalan que el coste de la preinstalación ya está amortizado en el precio de venta de los vehículos desde 2024, lo que beneficia a la industria. Por otro lado, la administración tiene la capacidad técnica sin haber pagado la factura política de imponerla. Los perjudicados son los compradores que se quedan con una falsa sensación de seguridad y el parque de ocasión que queda fuera de la normativa. Hay un tercer actor que conviene mirar con lupa: el seguro. Un vehículo capaz de bloquear el arranque por alcoholemia es un riesgo distinto al de uno que no puede, y las aseguradoras llevan años primando dispositivos de este tipo en flotas. Si la instalación acaba siendo voluntaria con descuento en póliza, el incentivo no vendrá del BOE sino de la renovación anual. Es el camino que el mercado británico lleva recorriendo con cajas negras y tarifas por kilometraje: primero el precio, después la norma. #Alcoholímetro #SeguridadVial #España
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