Representantes de Meta han declarado que la empresa podría tener que reconsiderar la provisión de servicios de encriptación en Canadá si el proyecto de ley de acceso legal propuesto por el gobierno se aprueba sin cambios adicionales. El proyecto de ley C-22 obligaría a las empresas tecnológicas a adaptar sus sistemas para poder entregar información a los investigadores con una orden judicial. La legislación está actualmente en estudio en el Senado, donde los representantes de Meta han señalado que la ley dejaría la información encriptada, destinada solo a ser vista por los usuarios que comparten la información, vulnerable a actores maliciosos. Robyn Greene, directora de privacidad y política pública de Meta, dijo a los senadores del comité de seguridad nacional que, en última instancia, el gobierno canadiense estaría imponiendo una ley que no es técnicamente factible cumplir y seguir ofreciendo servicios encriptados de extremo a extremo seguros a los canadienses.
También lo cubren: CBC | Canada News (Canadá).
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