Eswatini necesita una transición negociada de monarquía absoluta a monarquía constitucional democrática. La Corona debe conservar su papel nacional no partidista mientras las instituciones electas ejercen la autoridad gubernamental. No se trata de otra consulta que deje el poder ejecutivo intacto, sino de un pacto constitucional en el que los líderes electos gobiernen, el Parlamento controle el gasto público y los ciudadanos puedan destituir pacíficamente a un gobierno. La reforma constitucional no abolirá la pobreza por proclamación. Pero el desarrollo duradero e inclusivo requiere instituciones que permitan a los ciudadanos desafiar las prioridades y reemplazar a los líderes cuyas políticas fracasan. La monarquía constitucional democrática no es una reforma decorativa a considerar después de la recuperación económica. Es una base necesaria para hacer que esa recuperación sea responsable ante el pueblo. El desempeño económico de Eswatini demuestra por qué el crecimiento por sí solo es insuficiente. Aunque el PIB real se expandió un 4,8% en 2025 y se proyecta un crecimiento del 3,8% en 2026, el Banco Mundial estima que el 54% de la población vivía por debajo de su línea de pobreza de $4.20 al día en 2025, mientras que aproximadamente una quinta parte permanecía insegura alimentariamente. Estas cifras no significan que la monarquía por sí sola cause pobreza. Muestran que la expansión económica no ha entregado suficiente seguridad y oportunidades. Los jóvenes necesitan empleo, los hogares necesitan productos asequibles y las comunidades necesitan servicios confiables. La carga continua del VIH hace que el cuidado de la salud y el suministro de medicamentos sean indispensables. Pero los ciudadanos también necesitan el poder de cambiar la respuesta nacional cuando falla. Bajo el sistema electoral no partidista Tinkhundla, los votantes eligen representantes de circunscripción sin elegir entre partidos políticos que ofrezcan programas nacionales. El rey nombra al primer ministro por recomendación del Consejo Asesor del Rey, según lo dispuesto en la sección 67 de la Constitución. Ese arreglo debilita la conexión entre la insatisfacción pública y un cambio de gobierno. Una monarquía constitucional democrática permitiría a los ciudadanos elegir entre programas económicos y destituir a los responsables de no cumplirlos. Las demandas de empleo y servicios se convertirían en pruebas electorales del gobierno, no solo en apelaciones de respuesta. El presupuesto 2026/27 propuso un gasto de E36.92 mil millones y un déficit de E5.02 mil millones, equivalente al 4,9% del PIB. El salario del servicio público se presupuesta en E12.44 mil millones, aproximadamente un tercio del gasto. Los servidores públicos merecen una remuneración justa. La cuestión es si los compromisos permanentes son asequibles y si el gasto ofrece escuelas, clínicas e infraestructura funcionales. La dependencia de Eswatini de los volátiles ingresos de la Unión Aduanera del África Meridional hace que esas elecciones sean particularmente importantes. Su fondo de estabilización de ingresos es útil, pero los depósitos y retiros requieren una supervisión ejecutable. La paridad del lilangeni con el rand sudafricano también limita la independencia monetaria. Con la política de tasas de interés alineada en gran medida con la de Sudáfrica, las decisiones fiscales son especialmente importantes.
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