El gobierno chileno ha implementado cambios en el proyecto que busca mantener los precios de los combustibles estables. Estos ajustes han elevado el costo fiscal desde los US$550 millones a aproximadamente US$820 millones. El mayor desembolso se prevé para 2027, con un gasto de US$522 millones. Aunque la iniciativa busca beneficiar a los consumidores, los expertos señalan que podría poner en riesgo las cuentas públicas del país. La medida, tras el acuerdo con los camioneros, ha generado preocupación entre los analistas, quienes advierten sobre posibles consecuencias negativas para la economía a largo plazo.
También lo cubren: La Tercera.
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