La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), de fecha 12 de noviembre de 2026, correspondiente al asunto C-11/2026, establece que la obligación de actuar de buena fe e impedir la información engañosa, impuesta a los compradores de créditos por la Directiva (UE) 2021/2167, no obliga a los jueces nacionales a analizar la prescripción de una deuda de oficio. Este fallo del Alto Tribunal Europeo subraya la autonomía procesal de los Estados miembros, lo que significa que, si el Derecho nacional, como es el caso de España, exige que la prescripción debe ser alegada por la parte interesada, el juzgador no está obligado, de conformidad con el Derecho de la Unión Europea, a declarar la prescripción de oficio para proteger al consumidor. Esta decisión tiene implicaciones significativas para el sistema jurídico español y podría influir en futuras interpretaciones y aplicaciones de la normativa comunitaria en materia de protección al consumidor. #DerechoUE #TribunalJusticiaUE #AutonomíaProcesal
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