El 9 de noviembre, la Sección Cuarta denegó extender la suspensión a los hijos mayores de edad de los nacionalizados, dejando casi 190.000 personas afectadas, frente a los 162.000 padres inicialmente afectados. Lo notable no es la decisión en sí, sino el enfoque en el interés general a pocas semanas de las elecciones. La mayoría reconoció las circunstancias sobrevenidas, pero denegó la extensión por el artículo 130.2 de la Ley de la Jurisdicción. El magistrado Fonseca-Herrera discrepó, argumentando que la ampliación era necesaria para mantener una línea de actuación coherente. La magistrada Millán, por su parte, se unió a la denegación por otras razones, argumentando que no veía una circunstancia sobrevenida ni una conexión suficiente, y recordó que el hijo tiene un título propio y que el Código Civil protege al tercero de buena fe. Nunca compartió la medida inicial.
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