El PSOE presentó su programa electoral para las elecciones generales con un total de cerca de quinientas medidas. Entre las más destacadas, se encuentra la asignación del 1% del PIB a vivienda, con un compromiso de superar los 16.900 millones de euros en vivienda social. Además, se propone una inversión de 19.000 millones de euros hasta 2030 en seguridad ferroviaria, consolidando una dirección técnica en Adif y Renfe y reforzando las plantillas. También destaca la creación de una prestación por crianza de 200 euros mensuales, una iniciativa que fue impulsada por Sumar en la legislatura anterior. El programa incluye la creación de un parque público estatal de 100.000 viviendas y medidas para proteger frente a desahucios, así como la implementación de un impuesto progresivo contra la especulación de viviendas vacías, turísticas o con precios abusivos. Además, se plantea un gravamen para los solares residenciales ociosos y una ley de proveedores sociales de vivienda del tercer sector. La venta de inmuebles a estos proveedores quedará exenta de tributar por las ganancias patrimoniales en el IRPF. También se destinaría el 1% de la licitación anual de obra pública a un fondo de adquisición de vivienda protegida y asequible. El PSOE quiere implementar el modelo del País Vasco de intermediación entre inquilinos y caseros, con garantías de cobro y cobertura frente a incidencias, para movilizar viviendas vacías. En el ámbito fiscal, se propone mayor progresividad en las rentas del capital, llegando hasta el 35% en las superiores a 330.000 euros, y aumentar la tributación de las empresas donde el ejecutivo principal gane 100 veces más que la mediana de la plantilla. También se plantea un impuesto mínimo global sobre las grandes fortunas y gravar el turismo de lujo. Para las rentas medias y bajas, el PSOE propone convertir el mínimo exento por descendiente en un crédito fiscal reembolsable y crear una deducción en el IRPF para escenarios de subidas de precios. En materia laboral, el programa plantea blindar por ley el salario mínimo por encima del 60% del salario medio. Respecto a las pensiones, se propone blindar en la Constitución el sistema público y su revalorización conforme al IPC, así como ampliar la protección de la incapacidad temporal de personas con procesos oncológicos y una subida de la pensión de orfandad.
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