La huelga general del 11 de noviembre, convocada por reivindicaciones sobre vivienda y salarios, se vio marcada por una amplia represión policial. Amnistía Internacional documentó el uso de porras y espray pimienta contra manifestantes pacíficos. El Gobierno encargó investigaciones específicas, pero estas no parecen suficientes para garantizar la independencia e imparcialidad necesarias. El Tribunal Constitucional advirtió que una investigación interna puede vulnerar las garantías de independencia. Además, la cobertura mediática de la jornada por parte de algunos medios de prensa conservadora contribuyó a deslegitimar a los manifestantes, presentando la protesta como un problema de orden público y relegando las denuncias de represión y las demandas sobre vivienda y salarios. Es crucial que se realice una investigación externa que abarque a todos los cuerpos policiales y examine las órdenes, los medios utilizados y la cadena de mando. La magnitud del déficit de vivienda social en España, que según la Comisión Europea alcanza unas 750.000 viviendas entre 2021 y 2025, explica el malestar que llevó a la huelga. La respuesta política insuficiente a esta crisis explica el descontento que se manifestó en la calle. La cobertura mediática también juega un papel importante en cómo se percibe y se entiende la protesta. Fuente: Nueva Tribuna
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