El magisterio urbano de Bolivia ha exigido al Gobierno nacional garantizar una inversión mínima del 10% para 2027 en la enseñanza pública y gratuita. La Confederación de Trabajadores de Educación Urbana ha alertado que destinar solo el 5% de los recursos fiscales implicaría desfinanciar la educación estatal. Además, rechazan la descentralización de institutos, temiendo que esto abra puertas a la privatización. Ante la falta de avances en las negociaciones con el Ministerio de Educación, el gremio docente ha convocado a una jornada nacional de marchas y bloqueos para este viernes. La dirigente sindical Miriam Ayala ha instado al Ejecutivo a transparentar el monto exacto de inversión asignado al sector dentro del Presupuesto General del Estado para 2027. Actualmente, el presupuesto destinado a la cartera educativa asciende a 22.000 millones de bolivianos, cifra que cubre fundamentalmente los salarios mientras los Gobiernos municipales asumen el mantenimiento de la infraestructura. El magisterio sostiene que la transferencia administrativa hacia las regiones vulnera el carácter único de la enseñanza fiscal y abre la puerta a una eventual privatización de la formación técnica. Además del respaldo financiero, los profesores urbanos demandan mejoras urgentes en la infraestructura de los centros escolares públicos. El pliego petitorio incluye igualmente la elaboración de una nueva normativa educativa que sustituya a la vigente Ley 070 Avelino Siñani-Elizardo Pérez, promulgada en diciembre de 2010. Por su parte, las autoridades gubernamentales ratificaron que impulsarán mesas técnicas regionalizadas a partir de este jueves 19 de noviembre, en Santa Cruz de la Sierra, para debatir el alcance de la reforma institucional. Entretanto, el conflicto sindical mantiene en vilo el cierre del calendario escolar boliviano ante la advertencia del Estado boliviano de aplicar descuentos salariales por los días de paro.
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