El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes 17 de noviembre el real decreto que obligará a los nuevos centros de datos a cubrir al menos el 80 % de su consumo con renovables hora a hora, según publica El Español. En Aragón, la norma afecta a una cartera de proyectos que supera los 47.000 millones de euros. La aprobación llega a 12 días de las elecciones generales del 29 de noviembre, el límite que se había marcado Moncloa, como contó Hoy Aragón al repasar el decreto en duda antes del 29N. Si no entra hoy, queda el Consejo del 24 de noviembre, el último ordinario antes de las urnas. El texto desarrolla la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 7/2026, publicado en el BOE el 21 de marzo dentro del plan de respuesta a la crisis de Oriente Medio. Esa disposición encarga al Consejo de Ministros fijar por real decreto los requisitos de sostenibilidad, resiliencia y soberanía digital de los centros de datos que se conecten a la red. El borrador que el Ministerio para la Transición Ecológica sacó a audiencia pública entre el 27 de agosto y el 4 de septiembre se aplica a instalaciones con 1 MW o más de potencia de acceso. Por debajo de ese umbral solo hay deberes de comunicación, a partir de 500 kW de potencia informática. También fija límites de eficiencia hasta que llegue el etiquetado europeo, previsto para agosto de 2027. El PUE máximo será de 1,15, es decir, como mucho 15 kWh extra para refrigeración y otros usos por cada 100 que consumen los servidores. El agua queda en 0,1 litros por kWh. Quien incumpla pagará recargos en peajes y cargos. Si los incumplimientos son graves y reiterados, podrá perder los permisos de acceso y conexión a la red. Los operadores tendrán además que presentar una declaración responsable de soberanía digital y mantener sus datos operativos dentro de la Unión Europea. El Consejo de Estado aprobó su dictamen por unanimidad el 6 de noviembre con cuatro observaciones esenciales, según publicaron El País y Cinco Días. Pide justificar mejor los costes para los promotores, concretar qué incumplimientos llevan a perder los permisos y quitar al Ministerio el margen para cambiar por su cuenta el umbral del 80 %. La comunidad concentra más de 30 proyectos en distintas fases y hasta 187.000 empleos directos e indirectos en una década. Son datos del mapa de la Fundación Basilio Paraíso que recoge el inventario de los treinta proyectos de centros de datos en Aragón. Red Eléctrica ha concedido aquí 3.700 MW de acceso a la red, más del doble de la demanda punta aragonesa. El Gobierno de Aragón pidió congelar la norma hasta después de las elecciones. «Las condiciones más restrictivas se siguen manteniendo», advirtió a principios de mes Eva Valle, consejera de Economía. Azcón, presidente de Aragón, fue más allá el 27 de octubre: «Si la pregunta es si la normativa permite que todas las inversiones previstas salgan adelante, la respuesta es no». La patronal SpainDC, que agrupa a Amazon, Google y Microsoft, prepara un recurso ante el Tribunal Supremo y sostiene que tres inversores internacionales han frenado proyectos por 9.000 millones. «El anuncio de esta normativa ya ha provocado una moratoria para desarrollar nuevos proyectos en España», declaró a El Español Christian Lipperheide, responsable de Estrategia y Desarrollo de PQC. El cuello de botella sigue siendo la red. «Seis gigavatios concedidos, cero kilovatios conectados», resumió Beatriz Corredor, presidenta de Redeia, el 10 de noviembre en la COP31, en referencia a los accesos para centros de datos en la red de transporte. Si sale adelante, el decreto entrará en vigor a los 20 días de publicarse en el BOE. Una publicación el miércoles 18 lo activaría el 8 de diciembre, nueve días después de las generales y antes de que haya un nuevo Gobierno. Ese plazo sale del borrador, y la CNMC lo consideró demasiado corto en su informe de octubre.
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