El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha emitido una orden que prohíbe a la policía el uso de gases lacrimógenos frente a manifestantes violentos. Esta decisión ha generado un debate sobre qué alternativas tendrán los agentes policiales cuando otros procedimientos resulten insuficientes. La prohibición busca proteger la integridad física de los manifestantes, pero también plantea interrogantes sobre la capacidad de la policía para mantener el orden público. La medida ha sido criticada por algunos sectores que argumentan que limita las herramientas disponibles para los agentes en situaciones de alta tensión. El ministro ha dejado en manos de los cuerpos policiales la determinación de otras medidas que puedan ser necesarias para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos.
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