El gobierno español ha propuesto un plan para deportar inmigrantes irregulares a Ruanda, levantando interrogantes sobre su efectividad y el respeto a las garantías democráticas. Este plan busca desalentar la inmigración ilegal, pero expertos y organizaciones humanitarias cuestionan su viabilidad y los posibles impactos en los derechos humanos. El proyecto plantea un escenario donde la cooperación internacional y los compromisos democráticos son puestos a prueba. Fuente: El País
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