El Gobierno ha aprobado un aumento del 5,3% en el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), una medida que busca recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores en un contexto de alta inflación del 4,9%. Sin embargo, esta decisión ha generado preocupación entre expertos y empresarios, quienes advierten que podría incrementar los costes laborales y reducir el empleo en sectores con baja productividad, como la hostelería, el turismo, la agricultura y los servicios. Organizaciones como Randstad y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) han señalado que el incremento podría afectar negativamente a más de 60.000 trabajadores, especialmente en pequeñas y medianas empresas (pymes). Además, la medida podría concentrar el empleo en torno al salario mínimo, dificultando la negociación colectiva y la creación de nuevos puestos de trabajo. La AIReF ha recordado que subidas similares en el pasado, como la del 22% en 2019, resultaron en una reducción de afiliaciones y un impacto negativo en la ocupación. El Ejecutivo argumenta que la decisión es necesaria para responder a la presión social antes de las elecciones del 29 de noviembre.
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