El Tribunal Supremo ha remitido un requerimiento a la directora general de Política Interior para que en el plazo de dos días certifique la seguridad de los 61.603 dispositivos que se utilizarán el próximo 29 de noviembre para votar con el DNI digital. El alto tribunal solicita a Interior que acredite que estos dispositivos han pasado los controles de seguridad exigidos. En una providencia, el Supremo solicita que el Ministerio dirigido por Fernando Grande-Marlaska remita la documentación técnica que justifique que estos dispositivos cumplen con la normativa del Esquema Nacional de Seguridad. Estos dispositivos son los contratados para verificar la identidad de los electores mediante el DNI digital (MiDNI), tras la aprobación del Real Decreto 255/2025, de 1 de abril, por el que se estableció el reconocimiento de este sistema de identificación para los próximos comicios generales. La decisión del alto tribunal llega a petición de Iustitia Europa, que puso el acento sobre el contrato por más de 7 millones de euros para alquilar 61.603 dispositivos con los que quiere permitir que los ciudadanos puedan identificarse mediante el DNI digital en las elecciones generales. Ahora, la Sala Tercera pide al Ministerio del Interior pruebas técnicas sobre la seguridad de estos dispositivos. La Junta Electoral Central ya había advertido el 26 de marzo de 2026 de la necesidad de disponer de mecanismos de comprobación seguros. Sin embargo, la contratación de los dispositivos no se declaró de emergencia hasta el 13 de octubre, cuando faltaban 47 días para las elecciones. Interior ha defendido la seguridad de estos dispositivos a través de un informe favorable de la Unidad de Informática y Telecomunicación de la Dirección General de la Policía. Los especialistas concluyen que el mecanismo de verificación reúne las garantías técnicas necesarias para comprobar que el código QR ha sido generado por los sistemas oficiales y que sus datos no han sido alterados. Esta documentación tendrá que ser ahora remitida al Tribunal Supremo para su análisis. Ante la inminente celebración de los comicios generales, el alto tribunal solo ha dado un plazo de dos días al Ministerio para acreditar la seguridad de estos dispositivos. Este nuevo examen se suma a la polémica ya servida en las últimas semanas por la conocida como ley de nietos. La Sala Tercera acordó suspender el voto de los afectados por esta norma a la espera de resolver sobre el fondo del asunto. Tras semanas de tira y afloja, el Ejecutivo reconoció al alto tribunal que de las 163.355 personas nacionalizadas por la norma impulsada por los socialistas solo 901 (el 0,55%) habían podido acreditar que son descendientes de exiliados y, por tanto, podrán votar el 29-N.
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