La aerolínea mallorquina AlbaStar, fundada en 2009 y que hasta hace poco conectaba cientos de destinos, ha presentado una solicitud de concurso de acreedores tras cesar abruptamente sus operaciones. Esta situación judicial plantea interrogantes sobre la viabilidad del proyecto y afecta a más de doscientas familias que dependen de la compañía. La incertidumbre sobre el cobro de salarios pendientes y la falta de documentación acreditativa denunciada por los sindicatos Sitcpla, USO y Sepla acentúan el malestar en una situación ya de por sí grave y difícil. En 2022, AlbaStar recibió quince millones de euros de financiación pública a través del fondo gestionado por Cofides, una operación que coincidió con la entrada del fondo Sherpa Capital en su accionariado bajo promesas de crecimiento y renovación. Cuatro años después, con los aviones inmovilizados en tierra, no sabemos qué falló y por qué los recursos inyectados no lograron consolidar este aerolínea insular. Las críticas sindicales apuntan a una gestión que priorizó los resultados inmediatos frente a las decisiones estructurales que exigía el futuro de la compañía. Tanto la dirección como los socios inversores deben ofrecer explicaciones claras por exigencia social. Balears no puede permitirse que crisis empresariales de este calado se cierren dejando atrás a sus profesionales sin respuestas ni respaldo. El futuro de la plantilla de AlbaStar exige hoy responsabilidad, rigor y una solución justa que esté a la altura de su dedicación. #AlbaStar #CrisisAeronáutica #DerechosLaborales
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