Mallorca bajo presión

Fuente: Última Hora · politica · Islas Baleares, España

Mallorca bajo presión

En Mallorca, la pregunta sobre quién controlará la isla en el futuro es cada vez más urgente. El problema del alojamiento no solo se trata de precios, sino también de propiedad, presión demográfica y continuidad cultural. La recuperación de nuestra identidad se enfrenta a mantras ideológicos que parecen incapaces de ser cuestionados. No es posible defender una política de alojamiento que puede debilitar la propiedad local y, al mismo tiempo, proclamarse nacionalista mallorquín. Las Islas Baleares viven una auténtica emergencia poblacional. Cada año registramos un crecimiento demográfico inmenso, en un territorio limitado y con una capacidad residencial que no puede crecer indefinidamente. Alimentamos un modelo económico que necesita incorporar constantemente nuevos trabajadores y residentes. Y aquí aparece una pregunta incómoda: ¿para quién necesitamos más viviendas? ¿Para las familias arraigadas al territorio o para absorber las cerca de 20.000 personas de crecimiento anual? Todos necesitan un techo, pero una política responsable debe cuestionar un modelo que genera una demanda residencial superior a nuestra capacidad de acogida. ¿Qué pasaría si incrementásemos la oferta residencial? Abaratiríamos los alquileres a costa de la butxaca de los propietarios que aún son mallorquines, de la Mallorca mallorquina. Para dar cabida a más residentes de fuera. ¿Pero alguien ha pensado que esta nueva oferta podría ser absorbida por más crecimiento demográfico? ¿Que podríamos acabar con una Mallorca más poblada, sin resolver el problema? Y, de rebote, favorecer que el propietario autóctono acabe vendiendo al primer comprador extranjero con capacidad económica? ¿Qué parte no se entiende? Si al propietario illenc ya no le compensa alquilar, la alternativa que tiene es vender. ¿Y quién acabará comprando? No olvidemos que casi cuatro de cada diez viviendas las compra un extranjero. Eivissa nos ofrece una advertencia. Según datos cadastrales de 2025 publicados por Noudiari, que incluyen personas físicas y jurídicas, la titularidad extranjera llega al 69,44 % en Santa Eulària y al 68 % en Sant Joan de Labritja. En el conjunto de Eivissa y Formentera, el estudio habla del 48 %. Imaginemos que, en Eivissa, una regulación situà determina ciertos alquileres en 900 euros mensuales. ¿Cuántos propietarios que hoy obtienen rentas superiores continuarían alquilando? ¿Cuántos optarían por vender? ¿Y quién podría comprar estos viviendas: las familias locales o los compradores internacionales? En Mallorca, las cifras también son reveladoras: Andratx llega al 45,19 % de titularidad extranjera y Calvià al 42,59 %. Las cifras reflejan la internacionalización de la propiedad. No hablamos simplemente de compraventas. Hablamos de quién controla económicamente el territorio. El filósofo Henri Lefebvre explicaba que el control del espacio condiciona las relaciones sociales. La tierra no es una mercancía cualquiera, sino el soporte material de una comunidad. Esta es la gran contradicción de las zonas tensionadas. Podemos reducir los incentivos de los pequeños propietarios para mantener los alojamientos alquilados y favorecer indirectamente la venta del patrimonio local. Una vez vendido, recuperarlo puede resultar imposible. Y mientras tanto, ¿qué hacemos con la demanda? Continuamos favoreciendo un modelo económico que necesita más población y pretendemos resolver sus consecuencias únicamente interviniendo los precios. No es lo mismo declarar zona tensionada un territorio continental con poca presión compradora internacional que hacerlo en las Baleares, donde el suelo es limitado y competimos con capital externo.

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