Una encuesta realizada por el consorcio EU SEE, que incluye a Hivos, Forus, Democracy Reporting International, European Partnership for Democracy, Transparency International y Civicus, ha revelado la gravedad de la crisis de financiamiento que enfrentan las organizaciones civiles en todo el mundo. Con 195 respuestas de más de 68 países, la encuesta muestra que tres cuartas partes de las organizaciones encuestadas han visto una disminución en su financiamiento, con más de la mitad de su presupuesto afectado desde enero de 2025. Además, el 86% de las organizaciones reportan términos más difíciles en sus acuerdos de financiamiento, como la no renovación de subvenciones, reducciones en el presupuesto o términos de cumplimiento más complicados. Las organizaciones más afectadas son aquellas de tamaño medio, enraizadas localmente, que a pesar de tener una financiación más diversificada, han visto un 90% de recortes en su financiamiento, un 77% ha perdido personal o reducido programas, dos tercios han disminuido su alcance en la comunidad y el 59% se ha vuelto menos vocal en público. Esta crisis no solo afecta económicamente a estas organizaciones, sino que también reduce su capacidad para la defensa y la abogacía, y limita su capacidad para dar voz a comunidades vulnerables y mantener el poder bajo control. La situación se complica aún más por la disminución de la asistencia oficial para el desarrollo, que cayó más del 23% en 2025, el mayor descenso anual registrado, y se espera que siga disminuyendo en 2026. Veintiséis de los 34 miembros del Comité de Asistencia para el Desarrollo de la OCDE han recortado su ayuda, y el congelamiento de la ayuda estadounidense que llenó los titulares es solo una parte de una retracción más amplia. La encuesta también revela que muchas organizaciones han tenido que sacrificar incluso sus propios salarios de otras fuentes privadas para mantener abiertas sus ONG, y algunos empleados ahora trabajan sin remuneración. En algunos casos, las organizaciones han tenido que poner a su personal en licencia sin goce de sueldo, mientras que en otros han podido pagar solo la mitad de los salarios de sus empleados. Esta crisis no solo tiene un impacto financiero, sino que también afecta la capacidad de las organizaciones para la defensa y la abogacía, y limita su capacidad para dar voz a comunidades vulnerables y mantener el poder bajo control.
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