La sustracción de más de 61.000 euros de las cuentas de seis personas tuteladas ya fallecidas en la Fundación Lluís Artigues ha supuesto un duro golpe a la credibilidad del sector de la tutela en Cataluña. Este grave caso, que llega este mes a la Audiencia Provincial de Barcelona, interpela directamente al patronato de Pere Claver Grup, entidad impulsora de la fundación tutelar y presidida por el doctor Pere Benito. Durante casi dos años, la acusada ejecutó 26 transferencias directas, pagos simulados y cargos de tarjeta sin que saltaran los filtros internos. Este agujero de supervisión revela las deficiencias del modelo catalán de gestión patrimonial de personas con discapacidad. La delegación de la custodia de colectivos indefensos en fundaciones privadas exige auditorías implacables, no meros actos de fe. La tutela de los más vulnerables demanda ejemplaridad absoluta. Cuando fallan los controles más elementales sobre el dinero de quienes no pueden defenderse, la responsabilidad última recae sobre la cúpula directiva. La propia entidad detectó el desfalco y despidió a la responsable financiera, pero esto resulta insuficiente para restaurar la confianza perdida. La situación exige una reflexión profunda sobre las prácticas de gestión y supervisión en el sector de la tutela.
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